Reference

Durante el período de la dictadura militar en Uruguay, que se extendió desde 1973 hasta 1985, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Miles de personas fueron arrestadas, convirtiendo al país en uno de los más afectados por detenciones políticas en relación a su población.

Tras el retorno a la democracia en 1985, uno de los grandes desafíos ha sido abordar estas violaciones de derechos humanos. Inicialmente, las acciones legales estaban bloqueadas debido a leyes de amnistía que impedían la persecución de los responsables. Sin embargo, en un giro significativo, Uruguay comenzó a remover estas barreras a partir de decretos presidenciales. En 2011, un decreto del entonces presidente José Mujica permitió el inicio de investigaciones y enjuiciamientos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante ese periodo fuente.

Hasta 2023, Uruguay ha logrado ciertas condenas, y 18 miembros actuales o retirados del ejército y la policía fueron culpables de tortura, secuestro y asesinato durante la dictadura civil-militar. Sin embargo, el país aún enfrenta obstáculos para asegurar justicia completa y reparación para todas las víctimas, enfrentando un legado de impunidad fuente.